CENTRO DE DÍA MATUNDA

Kenia cuenta con un marco normativo avanzado en materia de discapacidad, pero la brecha entre la norma y la realidad de las familias sigue siendo profunda. El censo de 2019 registró que un 2,2 % de la población —unas 900.000 personas— vive con alguna discapacidad, y que más del 80 % de ellas reside en zonas rurales, donde los servicios de salud, rehabilitación y educación especializada son escasos o inexistentes. Esa cifra está muy por debajo de la prevalencia media mundial estimada en torno al 16 %, lo que apunta a un subregistro considerable derivado de los métodos de identificación y del propio estigma familiar. En la práctica, esto significa que un número importante de niños y niñas con discapacidad permanece invisible para los sistemas públicos: sin diagnóstico, sin certificación, sin acceso a prestaciones y sin itinerario educativo.

Las consecuencias son especialmente severas en el ámbito educativo. La literatura disponible indica que solo una minoría de los niños y niñas con discapacidad en edad escolar recibe servicios educativos adecuados, y los estudios de acceso apuntan a proporciones cercanas a uno de cada cuatro o incluso menores. La pobreza y el estigma son factores determinantes: informes recientes documentan casos en que las familias mantienen a estos niños ocultos en el hogar o los destinan al pastoreo en lugar de escolarizarlos, ante la falta de recursos, de transporte accesible y de docentes formados. A ello se suma la débil capacidad de los centros de evaluación y derivación (EARC), responsables de identificar y orientar a cada menor hacia el recurso educativo apropiado, cuyo fortalecimiento sigue siendo un compromiso pendiente del propio Gobierno.

El eslabón más desatendido de esta cadena es la familia cuidadora, casi siempre encabezada por mujeres. Las cuidadoras y cuidadores asumen una carga diaria que limita su capacidad de generar ingresos, sin formación técnica, sin respiro ni apoyo psicosocial, y prácticamente sin datos oficiales que los visibilicen; el informe de Naciones Unidas para el Desarrollo recomienda expresamente establecer estipendios, capacitación y servicios comunitarios que alivien esa carga y favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad. El coste de no intervenir no es solo social: la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral se ha estimado en torno al 7 % del PIB keniano. Este proyecto que combina acompañamiento a las familias, refuerzo de la escolarización inclusiva y sensibilización comunitaria actúa por tanto sobre el punto exacto donde se rompe el acceso a derechos —el entorno familiar y su vínculo con los servicios locales— y complementa, sin duplicar, los compromisos públicos ya asumidos por el país.

Kenia

Nuestro compromiso es la sostenibilidad en la ayuda. No se trata de un proyecto rentable que pueda llegar a sostenerse por sí mismo. Conscientes de ello, procuramos avanzar sólo cuando tenemos la seguridad d que podremos mantener la ayuda concreta en el tiempo. Por ello, independientemente de que cualquier incremento mensual nos permite aumentar el público objetivo (tenemos ahora bastantes familias a la espera de entrar en nuestros programas de atención), sí tenemos planificadas algunas actuaciones puntuales de más envergadura. Entre ellas destacamos dos: 

1. – Nuestra necesidad más urgente es la adquisición de una nueva furgoneta destinada al transporte escolar. Actualmente contamos con 2 furgonetas de 17 plazas que transportan cada día a 113 niños y dan servicio a tres Colegios: Kibiko Primary, Ngong Township Primary y Oloolua Primary; en rutas escolares que se dilatan más de tres horas tanto por la mañana como por la tarde. Además tenemos un cuarto colegio (Embul-bul Primary) en el que aún no somos capaces de proveer el transporte escolar, teniendo a 30 niños sin escolarizar esperando una solución para ellos. El presupuesto para adquirir una furgoneta de segunda mano, de características similares a las que ya tenemos es de 25.000 €. 
2. – En segundo lugar, hemos comprobado por algunas tristes situaciones que las vacaciones escolares (en las que cierran los Colegios Públicos en los que se encuentran nuestras Aulas Especiales) suponen un tiempo de mucha desatención y riesgo de abusos, accidentes domésticos, abandonos… y nos hemos planteado la necesidad imperiosa de que las personas a las que atendemos estén protegidas todo el año. Por eso hemos iniciado un proyecto de construcción de un Centro de Día para personas con discapacidad física y/o intelectual, al que puedan asistir todo el año. Contamos ya con terreno disponible, cedido por el gobierno del condado, pero para la construcción de este centro el presupuesto asciende a 60.000 €.